Wilson Camacho advierte sobre caso Jean Alain: "El que tiene sus lágrimas hondas comienza a llorar temprano
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz, aplazó la audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción a los implicados del Caso Medusa, donde su principal acusado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
La magistrada, quien acogió el pedimento de la defensa, aplazó para el martes 22 de febrero, a las 11:00 de la mañana, la audiencia.
A la salida de la aplazada audiencia el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que la defensa de los implicados en este caso rehúyen de su conocimiento.
“Nosotros hemos venido listos a cada una de estas audiencias, estamos listos hoy y estaremos listos el próximo martes, que ha fijado el tribunal como fecha para conocer esta audiencia”, apuntó Camacho.
Explicó que los abogados de las defensas hicieron referencia a un recurso que una de las partes tiene en la corte, “que le dice al tribunal que va a desistir, pero nosotros no tenemos ninguna constancia de eso, y por eso nos opusimos en el tribunal, con el interés de que se conociera la audiencia, pero el tribunal decidió aplazarla para el próximo martes”.
“Solo voy a decir una cosa sobre ese particular, cuando se presente la acusación de Operación Medusa se podrá ver por qué el que tiene sus lágrimas hondas comienza a llorar temprano”, concluyó Camacho, al responder a uno de los periodistas que le preguntó sobre alegatos de la defensa de Alain Rodríguez que, ante los medios informativos, alegan que el Ministerio Público quiere alargar el proceso.
Además del exprocurador por el caso también es procesado el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
El caso involucra también a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República Dominicana para que responda por los hechos de corrupción que se les imputan.
El pasado 29 de octubre el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, confirmó las medidas de coerción a varios imputados, ordenando la revisión obligatoria el 28 de enero de 2022, fecha en que fue aplazada para este viernes en virtud de que la imputada Jenny Marte Peña se presentó al tribunal sin su defensa.
En el caso de Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra le fue ratificada en otra audiencia realizada en diciembre pasado en virtud de un recurso de apelación que interpusieron ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional y se dispuso la revisión obligatoria para el próximo 19 de marzo.
Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, igualmente, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.